Un toque de cordura en la Alcaldía de Bucaramanga (Eso parece)


Por la cuarentena y el COVID-10 poco hemos podido salir a las calles de Bucaramanga, por eso fue una sorpresa encontrar en la carrera 29 unos cambios en el diseño de la ciclorruta. Aunque inconclusa se puede observar que se ha modificado el diseño, parece que ya no va el doble sardinel que nos recetaron los gomelines rolos de dEspacio y los bebés de la comparsa de Manolo Azuero. Y que se disminuyó el ancho de la ciclorruta. Las flechas rojas señalan el sitio o más exáctamente, el replanteo de donde iba a ir ese agresivo separador.

En todo caso nos quedan rondando aún algunas preguntas. ¿Ese costosísimo estudio tuvo interventoría de diseño, o la parranda de ineptos de la administración solo se quedó con la boca abierta, tragando entero todo lo que les formularon los consultores? ¿Quienes fueron los que recibieron los estudios? ¿No hubo análisis de lo que se recibió? ¿Les metieron los dedos en la boca? ¿Esos cambios tienen un costo? ¿Por qué la interventoría ha tenido tan altas adiciones presupuestales? ¿Será que están cobrando el rediseño?

En el fondo nos parece que los técnicos de la anterior alcaldía ya se tratase de ingenieros, arquitectos, los sabelotodos y sus enceguecidos secuaces no tuvieron la pispicia o capacidad de imaginar o visualizar cómo iba a ser la esperpéntica construcción (o de pronto culillo o miedo al matoneo de la aplanadora del suspendido alcalde). Por eso cuando empezaron las obras en la carrera 29, alguien por misericordia o vergüenza aconsejó modificar a la guachapanda los diseños. O tal vez por coincidir con el pacto de cumplimiento, se les iluminó la entendedera.

Aún nos quedan debiendo unas explicaciones, como el por qué si el estudio presentó un presupuesto por un valor dado con AIU incluido, el contrato se hizo descontando el AIU. ¿Pensaban no tener utilidades? ¿O ya habían pactado las adiciones al contrato? ¿Dónde están los estudios ambientales, de tráfico y los levantamientos topográficos a nivel de detalle que dicen que se entregaron?

A ojo cerrado se vislumbran una serie de actuaciones que lindan con el Código Penal y en el Código Disciplinario Único. Solo por nombrar uno de ellos, la extralimitación de funciones patente en la defensa (mal aconsejada evidentemente) que hizo la Secretaria de Infraestructura al pasarse por la faja la obligación de modificar el POT siguiendo los procedimientos de la Ley 388 de 1997 y simplemente basarse en una interpretación de la Oficina Asesora de Planeación, desconociendo de plano que esa Oficina solo puede interpretar dentro lo que determina única y exclusivamente el Artículo 102 de la Ley 388 de de 1997 que expresa lo siguiente: Interpretación de las normas. En el ejercicio de sus funciones, los curadores urbanos verificarán la concordancia de los proyectos de parcelación, urbanización, construcción y demás sometidos al trámite de licencias con las normas urbanísticas vigentes. En los casos de ausencias de normas exactamente aplicables a una situación o de contradicciones en la normativa urbanística, la facultad de interpretación corresponderá a las autoridades de planeación, las cuales emitirán sus conceptos mediante circulares que tendrán el carácter de doctrina para la interpretación de casos similares.

Como se aprecia claramente, se mencionan unas facultades vaporosamente a modo de despiste. En nuestro país ha hecho carrera que las dependencia encargadas de la planeación en los municipios y distritos utilicen ladinamente ese artículo para arrebatarles funciones de aprobación del POT a los concejos municipales y distritales.

Pero no pasará nada. Ya hemos entendido que se ha propuesto a como dé lugar modificar el POT para arreglar o enderezar un proyecto que nació torcido.